La libertad de prensa tiene, como parte de su contenido, una dimensión social evidente, que consiste en el derecho de las personas a recibir una información adecuada y oportuna (no manipulada), que excluya la posibilidad de ejercer esta libertad en forma contraria a fines legítimos del sistema o que, a su vez, lesione intereses igualmente legítimos de este.
La legitimidad de la prensa para cuestionar funcionarios públicos y la necesidad de que existan este tipo de controles democráticos, es algo que he defendido como magistrada de la Sala Constitucional, durante toda mi carrera. Incluso para reconocer la doctrina de la “posición preferente” de este derecho frente al derecho al honor de la persona, en caso de colisión, como mecanismo de sano control democrático del ejercicio del poder.
Naturalmente que esta posición no cambia si la persona cuestionada soy yo o alguien cercano a mí. Tengo muy claro que mi posición como funcionaria pública y miembro de los supremos poderes, justifica un escrutinio agudo y permanente de la ciudadanía y lo he asumido así durante toda mi carrera como jueza.
Verdades a medias. Este artículo que escribo no lo hago para reclamar el hecho de que se me cuestione, sino para demandar la elemental ética periodística a la hora de hacer ese escrutinio. El poner “verdades a medias”, acomodar títulos y no tener el más elemental equilibrio a la hora de informar, es un periodismo que lejos de resultar constructivo para la democracia, es un barato ejercicio abusivo del poder disfrazado bajo el halo del derecho.
La libertad de prensa tiene, como parte de su contenido, una dimensión social evidente, que consiste en el derecho de las personas a recibir una información adecuada y oportuna (no manipulada), que excluya la posibilidad de ejercer esta libertad en forma contraria a fines legítimos del sistema o que, a su vez, lesione intereses igualmente legítimos de este. En ese sentido la llamada “posición preferente”, vale solo en tanto y en cuanto no se utilice como mecanismo para manipular o desinformar a las personas o las masas, objetivo que sería tan contrario para los fines de la democracia, como la censura misma.
Ya lo señaló la Sala Constitucional en su jurisprudencia, que los medios de comunicación social, como detentadores del poder frente al ciudadano, no están exentos de límites porque existe el deber de proteger a la persona de otros sujetos particulares que tienen una relación de poder –como la prensa– con respecto al ciudadano, y como cualquier ejercicio del poder, sin límites se convierte en un ejercicio arbitrario.
Según ha reconocido también, las normas deben impedir que un funcionario público pueda demandar a un medio de comunicación o a un particular por daños causados por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, excepto que se pruebe con claridad convincente que la expresión se hizo con malicia real, es decir, con conocimiento de que era falsa o con indiferente desconsideración de si era o no falsa. Esta salvedad que se hace es indispensable frente a la obligación del Estado de proteger la dignidad reputación y honra de las personas y más aún dentro de la obligación que tiene de velar porque el mal uso o desvío de esta libertad no se utilice para violar fines igualmente esenciales del sistema democrático.
Lo que se ha dado en mi caso con la divulgación de la noticia “Esposo de alta magistrada dirige consultoría en el Poder Judicial”, es esto último. Se trata de la negligencia y mala intención que utiliza el ropaje de una libertad sagrada como es la de prensa, para rebajarla por carencias éticas de quienes laboran en una noticia en un momento determinado. Algunos llaman esto “periodismo amateur”, yo lo llamo como es: “mala fe”, en el menor de los casos, negligencia.
La responsabilidad social y la ética de algunos periodistas ha cedido a titulares para la venta o la sed de premios o intereses personales de algunos de sus nuevos “profesionales”. El resultado de esto es que no seremos las autoridades de turno en esta “ruleta rusa” de este nuevo maquiavelismo, las únicas víctimas, sino la institucionalidad misma. Cuando en este afán de este “nuevo periodismo” no quede santo con cabeza, tendremos una sociedad en la que nadie cree en nadie, donde nos han robado la confianza en las autoridades políticas y peor aún la esperanza en la democracia.
El periodista que me entrevistó, Ronny Rojas, me reconoció por teléfono que todas las personas que había entrevistado le habían manifestado que yo no tenía nada que ver en el tema de la contratación de Indra. Tenía a mano la información que demostraba que mi esposo no entraba en ninguna de las incompatibilidades que señala la Ley y, peor aún, que yo no había participado en ninguna de las etapas del proceso de elaboración, aprobación o de su ejecución.
También le manifesté que no he influido de forma alguna para que la empresa Indra lo contrate, ni menos para que esta empresa resulte adjudicada en el empréstito. El periodista se entrevistó con jefes de los equipos contraparte (Defensa Pública y Ministerio Público) y estos manifestaron que no existía ninguna incompatibilidad legal.
Ignoró todo eso, para tendenciosamente fabricar un titular y noticia que pusiera duda sobre la legalidad de lo actuado, manchando innecesariamente mi honor y el de mi esposo, con gran daño moral para nosotros y en particular mi madre y mis hijas y la credibilidad del sistema judicial.
Ninguna ilegalidad. A este momento, la Auditoría Judicial no ha encontrado ilegalidad en ese cuestionamiento, la contratación pasó por todas las instancias legales y controles externos e internos de la institución.
Al final quedará claro que el cuestionamiento levantado fue innecesario y que la información la tenía a mano el periodista desde un principio. El daño irreparable queda para mi honor y el de mi familia. Luego llegará otra víctima de turno que se saque la rifa del momento.
Sin duda alguna la herida de muerte de este “nuevo estilo de hacer noticia”, es la sociedad, que hereda un ambiente de liderazgo incapaz de construir, básicamente en un “canibalismo” impulsado por fines materialistas y vanidades personales mediáticas, que han cedido a aquella prensa con valores, que resultaba edificante y educativa para la sociedad.
El desenlace será el que ya exhiben otros países de América Latina. Cuando no quede santo con cabeza, llega un payaso cautivador y manipulador de masas que cosecha todo esto, en ese afán del pueblo de creer desesperadamente en lo que sea, así sea el primer tonto manipulador que los cautive.
Estimado ciudadano, tengo más de veinte años de ser jueza, sin ningún cuestionamiento ético, he trabajado con mucho sacrificio y dedicación para forjar un futuro para mis hijos y mi país que tanto amo. Esa es mi carta de presentación de una vida entera. Rendiré cuentas adonde sea necesario por respeto a ustedes y mi familia, que tienen derecho a saber que, aunque nos quieran robar la fe y esperanza en la decencia en la función pública, todavía queda gente decente y honorable. Yo andaré con la conciencia tranquila y la frente en alto como me enseñaron mis padres.
Solo les pido, mientras tanto, el beneficio de la duda para que las autoridades correspondientes confirmen lo que ya el periodista sabía de antemano, que no solo no existe la incompatibilidad legal señalada, sino que yo no he mediado ni influido en forma alguna en este asunto.
Tomado del Periódico La Nación del 07-06-10
